El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 393 de 2002 estableció los derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones y derechos  por  inscripción de libros y documentos, así como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras.

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 393 de 2002, fijo las tarifas que deben sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio, por concepto del Registro de Proponentes.